«Nuestras empresas de economía global tienen la responsabilidad de asegurar que sus cadenas de suministro, que se extienden hasta los rincones más lejanos de la tierra, estén libres de trabajo forzado«, subrayó Barack Obama, ex presidente de los Estados Unidos de América, durante la reunión anual de la Iniciativa Global Clinton en septiembre de 2012. A partir de este discurso histórico, la sensibilización sobre este tema ha aumentado continuamente. Y si bien el trabajo forzado afecta principalmente a los países en desarrollo, los países desarrollados también son en parte responsables. Para ilustrar mejor este tema, se han implementado algunas iniciativas nacionales en los últimos años para poner fin a estas prácticas.
En febrero de 2017, Francia adoptó la «Legislación francesa sobre responsabilidad corporativa de vigilancia«. «Esta legislación marca un paso histórico para mejorar el respeto empresarial por los derechos humanos y el medio ambiente», afirmó la Coalición Europea para la Justicia Corporativa. Con esta legislación, de ahora en adelante, las empresas multinacionales con sede en Francia anualmente tienen que evaluar y abordar los efectos adversos que sus actividades han causado sobre las personas y el planeta. Pero el avance más importante es que estos planes no solo deben incluir una evaluación del impacto de las empresas bajo su control, sino también el de sus proveedores y subcontratistas.
De hecho, si estas empresas no respetan la nueva legislación, los jueces podrán aplicar multas de hasta 30 millones de euros, especialmente si el incumplimiento da lugar a daños que de otro modo podrían haberse evitado.
Por primera vez, por lo tanto, estamos en presencia de una legislación que obliga a las empresas a estar conscientes de las consecuencias sociales y medioambientales que pueden tener a través de su cadena de suministro. Por lo tanto, debería evitar que algunas empresas mantengan relación con proveedores cuyas prácticas abusivas de contratación son la norma.
Además, esta ley también representa una gran victoria para la sociedad civil francesa. «Esta legislación muestra cómo el poder del pueblo puede poner fin a la impunidad de las empresas transnacionales», explicó Lucia Ortiz, de Amigos de la Tierra Internacional, quienes han venido luchando por que la ley sea aprobada. «Obligará a las compañías más grandes del mundo a respetar los derechos humanos de una forma como nunca antes habían tenido que hacerlo«, afirmó. Pero más allá de su símbolo de estatus, aún queda por demostrar la eficacia real de esta legislación, ya que las empresas no están obligadas a garantizar resultados, sino sólo a demostrar que han hecho todo lo posible para evitar causar daños (al medio ambiente o a las comunidades en las cuales realizan sus actividades).
En otros países, como los Países Bajos, se está estudiando cada vez más la protección de los derechos humanos en el trabajo. En el Reino Unido, la Ley de la Esclavitud Moderna de 2015 también obliga a las empresas a detallar cuáles son las medidas que han tomado para garantizar que en la totalidad de su cadena de suministro a nivel global no se producen violaciones de los derechos humanos.
Pero, ¿qué podemos esperar de la comunidad global? En las Naciones Unidas, ya se han iniciado las negociaciones para un tratado vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos. Motivados por su éxito en Francia, Amigos de la Tierra Internacional ahora exige un «instrumento jurídicamente vinculante para controlar las corporaciones transnacionales con respecto a los derechos humanos». A pesar de que los esfuerzos actuales de sensibilización aún no han conducido a un acuerdo internacional, las acciones que actualmente se llevan a cabo en diferentes países pueden conducir a nuevos cambios en el futuro.
Para aprender más sobre la Legislación francesa sobre responsabilidad corporativa de vigilancia por favor visite: http://www.foei.org/press/france-adopts-corporate-duty-care-law
El informe también destaca las diferencias entre los países desarrollados y los países en desarrollo, a medida que los países desarrollados buscan renovar sus redes de transporte, y los países de bajos ingresos todavía necesitan desarrollar su infraestructura de suministro de electricidad. También existen diferencias en la inversión pública dado que los países en desarrollo financian el 60% de la infraestructura, en comparación con sólo el 40% en las economías avanzadas. Esta brecha podría reducirse gracias a las Alianzas Público-Privadas (APP). Estas alianzas se destinarán principalmente a la urbanización, ya que las ciudades reúnen hasta el 70% de la demanda global, pero no son las únicas beneficiarias. La creación del 
Gracias al desarrollo de la tecnología satelital, 
El informe señala que los buques comerciales emiten una variedad de contaminantes, incluyendo el dióxido de nitrógeno, un compuesto que causa problemas respiratorios, problemas en el suelo, la acidificación del agua y la formación de ozono. El impacto del transporte sobre estas emisiones es tal que ahora los envíos representan el 15 al 30 por ciento de las emisiones de dióxido de nitrógeno. Pero la contaminación del aire no es la única preocupación ambiental; colisiones con la vida marina, los derrames de petróleo, la introducción de especies invasoras, las descargas de desechos y la contaminación acústica son sólo algunas de las muchas consecuencias que estos patrones de envío están teniendo en nuestro planeta.
Además de esto, 
Por más de 100 millones de años las tortugas marinas han cubierto grandes distancias a través de los océanos del mundo, realizando un papel vital e integral en los ecosistemas marinos y costeros. Durante los últimos 200 años las actividades humanas han inclinado la balanza en contra de la supervivencia de estos antiguos navegantes.
El Segmento de Alto Nivel comenzó el jueves y se enfocó, entre otras cosas, en:
La Contaminación del Aire, una Prioridad
Comercio Ilegal de Vida Silvestre:
Desechos Plásticos Marinos y el Micro-plástico
Gestión Integral de Productos Químicos y Desechos
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