Betilde Muñoz-Pogossian, Directora* y Pamela Molina, Consultora* Departamento de Inclusión Social, Organización de los Estados Americanos (OEA)
La pandemia ocasionada por el COVID-19 está afectando directa e indirectamente a millones de personas en la región. Los gobiernos nacionales han sido ágiles y pragmáticos en las respuestas, optando por diferentes medidas para contener el contagio y mitigar sus efectos. Estas medidas van desde evitar el desabastecimiento de bienes básicos, la provisión de líneas especiales de crédito a las empresas para asegurar el pago de salarios, el congelamiento de pagos de servicios básicos, y prohibición de suspensión de estos servicios por impago, el aumento del gasto social, expandiendo transferencias monetarias directas a hogares sin salario o a familias en situación de pobreza, así como la entrega de paquetes alimentarios a familias y a estudiantes que dependían de las escuelas para obtener una alimentación adecuada. También incluye la medida de más alto impacto en la forma habitual de coexistencia social: las cuarentenas domiciliarias y distanciamiento social. Aun así, la pandemia está generando, además de las lamentables pérdidas humanas, un enorme impacto en el tejido social y, de no adoptar medidas que sean inclusivas de las personas más históricamente vulneradas, generará aún más desigualdad y exclusión social de la que ya teníamos como región.
Precisamente para ayudar a los Estados a responder ante la pandemia priorizando de manera transversal la atención de las necesidades de las poblaciones marginalizadas, es que la Organización de los Estados Americanos lanzó la Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con enfoque de Derechos ante el COVID-19 en las Américas, en el entendido de que en un hemisferio marcado por la desigualdad, las afectaciones en el derecho a la salud, y en todas las esferas de los derechos humanos, impactan de manera más acentuada y diferenciada a las personas en situación de vulnerabilidad. Al hablar de personas o Grupos en Situación de Vulnerabilidad, hablamos del colectivo de personas que por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, identidad cultural, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condiciones bio-psico-sociales o cualquiera otra, han sido históricamente discriminados y el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos negados o violados. Es así que las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad, afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas LGBTIQ, las personas desplazadas internas, migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, privadas de libertad, así como también, la infancia y adolescencia, y todas las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, requieren ser priorizadas en las respuestas políticas, las cuales deben adecuarse a los retos específicos que enfrentan en el medio de una pandemia como la que estamos enfrentando.
La Guía dedica una sección a cada población, mapeando retos particulares y recomendaciones, pero no deja de lado un concepto clave al pensar en las respuestas, a saber: la interseccionalidad. La Guía propone que este concepto es esencial para entender los retos que enfrentan las personas ante la pandemia, y para desarrollar respuestas que sean verdaderamente efectivas. Es decir, en el análisis de la pandemia y sus efectos, y en las respuestas políticas, es vital tener en cuenta los efectos complejos e irreductibles que resultan cuando múltiples ejes de desigualdad y estigmatización de la diferencia —económica, política, cultural, bio-psico-social, racial, de género, de etnia, identidades y experiencias—, se intersectan en contextos históricos específicos, produciendo afectaciones únicas e indivisibles.
Con esta herramienta, desde la OEA esperamos poder incidir en aún mejores respuestas de política pública ante la pandemia, de forma tal que, como ha señalado el Secretario General Luis Almagro, no salgamos de esta crisis “ni menos democráticos, ni la ciudadanía con menos derechos.” Al contrario, ofrecemos esta Guía Práctica desde la convicción de que esta emergencia que vivimos puede ser una nueva oportunidad para la solidaridad, para fortalecer el espíritu de cooperación que siempre nos ha caracterizado como región, y para reforzar la responsabilidad que se tiene desde los gobiernos, de llevar más derechos a más personas en las Américas.
* Opiniones son personales. No representan la opinión de la Organización de los Estados Americanos.