«Nuestras empresas de economía global tienen la responsabilidad de asegurar que sus cadenas de suministro, que se extienden hasta los rincones más lejanos de la tierra, estén libres de trabajo forzado«, subrayó Barack Obama, ex presidente de los Estados Unidos de América, durante la reunión anual de la Iniciativa Global Clinton en septiembre de 2012. A partir de este discurso histórico, la sensibilización sobre este tema ha aumentado continuamente. Y si bien el trabajo forzado afecta principalmente a los países en desarrollo, los países desarrollados también son en parte responsables. Para ilustrar mejor este tema, se han implementado algunas iniciativas nacionales en los últimos años para poner fin a estas prácticas.
En febrero de 2017, Francia adoptó la «Legislación francesa sobre responsabilidad corporativa de vigilancia«. «Esta legislación marca un paso histórico para mejorar el respeto empresarial por los derechos humanos y el medio ambiente», afirmó la Coalición Europea para la Justicia Corporativa. Con esta legislación, de ahora en adelante, las empresas multinacionales con sede en Francia anualmente tienen que evaluar y abordar los efectos adversos que sus actividades han causado sobre las personas y el planeta. Pero el avance más importante es que estos planes no solo deben incluir una evaluación del impacto de las empresas bajo su control, sino también el de sus proveedores y subcontratistas.
De hecho, si estas empresas no respetan la nueva legislación, los jueces podrán aplicar multas de hasta 30 millones de euros, especialmente si el incumplimiento da lugar a daños que de otro modo podrían haberse evitado.
Por primera vez, por lo tanto, estamos en presencia de una legislación que obliga a las empresas a estar conscientes de las consecuencias sociales y medioambientales que pueden tener a través de su cadena de suministro. Por lo tanto, debería evitar que algunas empresas mantengan relación con proveedores cuyas prácticas abusivas de contratación son la norma.
Además, esta ley también representa una gran victoria para la sociedad civil francesa. «Esta legislación muestra cómo el poder del pueblo puede poner fin a la impunidad de las empresas transnacionales», explicó Lucia Ortiz, de Amigos de la Tierra Internacional, quienes han venido luchando por que la ley sea aprobada. «Obligará a las compañías más grandes del mundo a respetar los derechos humanos de una forma como nunca antes habían tenido que hacerlo«, afirmó. Pero más allá de su símbolo de estatus, aún queda por demostrar la eficacia real de esta legislación, ya que las empresas no están obligadas a garantizar resultados, sino sólo a demostrar que han hecho todo lo posible para evitar causar daños (al medio ambiente o a las comunidades en las cuales realizan sus actividades).
En otros países, como los Países Bajos, se está estudiando cada vez más la protección de los derechos humanos en el trabajo. En el Reino Unido, la Ley de la Esclavitud Moderna de 2015 también obliga a las empresas a detallar cuáles son las medidas que han tomado para garantizar que en la totalidad de su cadena de suministro a nivel global no se producen violaciones de los derechos humanos.
Pero, ¿qué podemos esperar de la comunidad global? En las Naciones Unidas, ya se han iniciado las negociaciones para un tratado vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos. Motivados por su éxito en Francia, Amigos de la Tierra Internacional ahora exige un «instrumento jurídicamente vinculante para controlar las corporaciones transnacionales con respecto a los derechos humanos». A pesar de que los esfuerzos actuales de sensibilización aún no han conducido a un acuerdo internacional, las acciones que actualmente se llevan a cabo en diferentes países pueden conducir a nuevos cambios en el futuro.
Para aprender más sobre la Legislación francesa sobre responsabilidad corporativa de vigilancia por favor visite: http://www.foei.org/press/france-adopts-corporate-duty-care-law