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Promoviendo respuestas Inclusivas y con enfoque de Derechos ante el COVID-19 en las Américas: ¡hasta que la inclusión se haga costumbre!

Betilde Muñoz-Pogossian, Directora* y Pamela Molina, Consultora* Departamento de Inclusión Social, Organización de los Estados Americanos (OEA)

La pandemia ocasionada por el COVID-19 está afectando directa e indirectamente a millones de personas en la región. Los gobiernos nacionales han sido ágiles y pragmáticos en las respuestas, optando por diferentes medidas para contener el contagio y mitigar sus efectos. Estas medidas van desde evitar el desabastecimiento de bienes básicos, la provisión de líneas especiales de crédito a las empresas para asegurar el pago de salarios, el congelamiento de pagos de servicios básicos, y prohibición de suspensión de estos servicios por impago, el aumento del gasto social, expandiendo transferencias monetarias directas a hogares sin salario o a familias en situación de pobreza, así como la entrega de paquetes alimentarios a familias y a estudiantes que dependían de las escuelas para obtener una alimentación adecuada. También incluye la medida de más alto impacto en la forma habitual de coexistencia social: las cuarentenas domiciliarias y distanciamiento social. Aun así, la pandemia está generando, además de las lamentables pérdidas humanas, un enorme impacto en el tejido social y, de no adoptar medidas que sean inclusivas de las personas más históricamente vulneradas, generará aún más desigualdad y exclusión social de la que ya teníamos como región.

Precisamente para ayudar a los Estados a responder ante la pandemia priorizando de manera transversal la atención de las necesidades de las poblaciones marginalizadas, es que la Organización de los Estados Americanos lanzó la Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con enfoque de Derechos ante el COVID-19 en las Américas, en el entendido de que en un hemisferio marcado por la desigualdad, las afectaciones en el derecho a la salud, y en todas las esferas de los derechos humanos, impactan de manera más acentuada y diferenciada a las personas en situación de vulnerabilidad. Al hablar de personas o Grupos en Situación de Vulnerabilidad, hablamos del colectivo de personas que por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, identidad cultural, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condiciones bio-psico-sociales o cualquiera otra, han sido históricamente discriminados y el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos negados o violados. Es así que las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad, afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas LGBTIQ, las personas desplazadas internas, migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, privadas de libertad, así como también, la infancia y adolescencia, y todas las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, requieren ser priorizadas en las respuestas políticas, las cuales deben adecuarse a los retos específicos que enfrentan en el medio de una pandemia como la que estamos enfrentando.

La Guía dedica una sección a cada población, mapeando retos particulares y recomendaciones, pero no deja de lado un concepto clave al pensar en las respuestas, a saber: la interseccionalidad. La Guía propone que este concepto es esencial para entender los retos que enfrentan las personas ante la pandemia, y para desarrollar respuestas que sean verdaderamente efectivas. Es decir, en el análisis de la pandemia y sus efectos, y en las respuestas políticas, es vital tener en cuenta los efectos complejos e irreductibles que resultan cuando múltiples ejes de desigualdad y estigmatización de la diferencia —económica, política, cultural, bio-psico-social, racial, de género, de etnia, identidades y experiencias—, se intersectan en contextos históricos específicos, produciendo afectaciones únicas e indivisibles.

Con esta herramienta, desde la OEA esperamos poder incidir en aún mejores respuestas de política pública ante la pandemia, de forma tal que, como ha señalado el Secretario General Luis Almagro, no salgamos de esta crisis “ni menos democráticos, ni la ciudadanía con menos derechos.” Al contrario, ofrecemos esta Guía Práctica desde la convicción de que esta emergencia que vivimos puede ser una nueva oportunidad para la solidaridad, para fortalecer el espíritu de cooperación que siempre nos ha caracterizado como región, y para reforzar la responsabilidad que se tiene desde los gobiernos, de llevar más derechos a más personas en las Américas.

* Opiniones son personales. No representan la opinión de la Organización de los Estados Americanos.

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Repaso por América Latina: una conversación con Luis Almagro

Por Geovanny Vicente Romero, Bloggero Invitado

Hace unos días tuve el honor de integrarme a un evento que el Brademas Center y la prestigiosa Universidad de Nueva York (NYU) realizaron en su campus de Washington, D.C., mejor conocido como NYU-DC. El evento llevó como título “Una conversación con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro”. Esta importante discusión se realizó en el marco de los #DCDialogues (Diálogos de DC), un importante foro de discusión que reúne al mundo académico, político y la comunidad en general de la capital política del mundo, Washington, D.C.

Puse sobre la mesa las preguntas al secretario general, Luis Almagro, sobre los desafíos que en materia de democracia, libertades ciudadanas y derechos humanos nuestro hemisferio enfrenta en la actualidad, especialmente: VenezuelaNicaraguaCuba y Haití.

Este repaso sobre la situación de estos países de nuestro continente cobra mayor relevancia por el papel que desempeña la organización cumpliendo con la misión de la misma.

Y así entramos en materia.

Venezuela

Una de las obras más famosas de Gabriel García Márquez es El Coronel no tiene quien le escriba. En el caso de los venezolanos, Almagro se ha convertido en la voz de aquellos venezolanos y venezolanas que no tienen quien les escriba, quien les escuche o más bien, quien les defienda de su propio régimen abusador, del cuestionado Nicolás Maduro. Yo le señalaba que todos tenemos mucha preocupación y esperanzas para Venezuela pero era necesario saber qué desenlace podríamos esperar en el futuro cercano y qué se necesita para seguir apoyando el movimiento de Juan Guaidó y ayudar a la gente valiente y fuerte de Venezuela. El Secretario empezó indicando que hacer un pronóstico a corto plazo requeriría el empleo de mucha futurología pero fue claro en señalar que “Guaidó es la última esperanza que tenemos para una solución pacífica. La solución más violenta es la que se está aplicando ahora mismo. Mi preocupación con eslogans vacíos como #HandsOffVenezuela (“Manos fuera de Venezuela”) es que mientras tanto toda la violencia del mundo está siendo aplicada a millones de venezolanos”.

Cuba

Hice la transición temática hacia la isla más grande las Antillas Mayores, indicando que después de todos los esfuerzos para integrar a Cuba en la región y acercarla a los Estados Unidos, nos encontramos en cero nuevamente con la diferencia que por primera vez en 60 años el presidente cubano no lleva el apellido Castro. La respuesta de Almagro no pudo ser más clara y enfática: “No es Castro pero la silla sigue siendo ocupada por un Castro”. Igualmente acotó que “el gobierno cubano ha estado chupándole la sangre a Venezuela. Hoy Venezuela es un cadáver y todavía están chupándole la sangre. Es un caso supremo de parasitismo”.

Nicaragua

Era imperativo saber más sobre el involucramiento de la OEA en la solución a la crisis política que se vive en el país centroamericano, pues justo acaba de cumplirse un año desde que iniciaron las protestas. En ese sentido, Almagro nos compartió que el organismo multilateral actuó como “testigo y acompañante” en el proceso de negociaciones que el gobierno y la oposición llevaron a cabo. El Secretario General exhortó al gobierno de Daniel Ortega a liberar a los presos políticos a la brevedad, poner un alto a la represión de manifestantes y empezar un proceso de reforma electoral.

Haití

Nuestra conversación viajó nuevamente al Caribe. Empecé indicando cómo notaba que la prensa internacional no estaba cubriendo tanto los acontecimientos en Haití, un país que recientemente nombró un nuevo primer ministro a raíz de las protestas. El Secretario General expresó el respeto que le tiene a la nación haitiana, su preocupación por las condiciones económicas y políticas del país y su gran admiración por todas las luchas que ha librado históricamente. Agregó que “Haití fue el primer país del Caribe en investigar el caso PetroCaribe. Es un compromiso contra la corrupción y pone mucho estrés sobre el sistema político”.

Inclusión Social

No quise terminar esta conversación sin saber un poco más sobre los pasos que la OEA da para cerrar la brecha de la desigualad, teniendo en cuenta que América Latina es considerada la región más desigual del mundo. Mi idea era abordar a las poblaciones vulnerables tales como los indígenas y la comunidad LGBTQ, entre otras.  Almagro detalló las acciones de inclusión social que realizan como organización y al referirse a la comunidad LGBTQ señaló que “nosotros queremos que cada país resuelva la discriminación que sufren las personas de esta comunidad”. Llegó a indicar que asistió al Orgullo Gay de Vancouver y que asistirá al de Washington. Coincidentemente, dos días después de este discusión, Almagro publicó una foto en la que se lo ve recibiendo el Global Champions Awards 2019 de la organización Human Rights Campaign, por su liderazgo por los derechos LGBTQ y por el trabajo de inclusión social que su organización realiza especialmente desde su Departamento de Inclusión Social, entidad creada por el mismo Almagro al inicio de su gestión en 2015.

Para tener más detalles del diálogo con el secretario Almagro, les dejamos el video del diálogo.

La Educación: el camino para superar la Desigualdad

Por Luis Porto y Betilde Muñoz-Pogossian, Bloggero Invitado

Los procesos de aprendizaje son causa y consecuencia de diferentes sistemas de interacción social y en este marco se deben analizar a la hora del diseño y la implementación de las políticas educativas.

Muchos hemos escuchado, por ejemplo, que si sabemos dónde vive una persona, si conocemos su código postal o su dirección, será fácil predecir no solo su trayectoria educativa sino además sus oportunidades de movilidad social, de desarrollar una vida digna, y de contribuir activamente (o no) a la transformación de sus comunidades y de sus países. Y esto porque el “donde vive una persona” nos brinda información relevante del contexto en el que se desarrolla el niño, no solo desde el punto de vista socio económico o demográfico sino además desde el punto de vista del conjunto de derechos humanos a los que la persona accedió o no pudo acceder desde incluso antes de nacer, afectando de esta forma su desarrollo sicomotor: las condiciones de hacinamiento, la educación de la madre, el nivel de nutrición en los primeros años  de vida de la persona son algunos de los factores que incidirán en el desarrollo de sus capacidades cognitivas y de aprendizaje.

Esto confirma el hecho de que, a pesar de las importantes inversiones en materia educativa en las Américas en las últimas décadas, reflejada en el incremento de los presupuestos educativos en relación con el PBI en cantidades similares, en algunos casos, a los países de la OCDE (6%), aún podemos observar que el derecho al acceso a una educación de calidad es un tema pendiente para la región. ¿Qué evidencia tenemos de que no alcanzamos las metas educativas que merecen nuestros pueblos? Si miramos los resultados de las pruebas internacionales como PISA, los países participantes de la región son categorizados en los últimos lugares del ranking. Persisten aun también problemas de escolarización y aprendizaje que profundizan la brecha de desigualdad entre poblaciones de acuerdo a sus niveles socioeconómicos, y en razón de otras características que generan situaciones adicionales de discriminación y exclusión social.

Para citar algunos datos, en el nivel pre-primario la matriculación asciende al 66%, aunque en algunos países es del 90% y en otros del 20%. En el caso de la educación primaria, donde la región tiene una tasa de cobertura del 95%, los factores socioeconómicos estructurales han impedido que se logre su universalización. Asimismo, la región ha tenido un avance muy lento en el crecimiento promedio de la matrícula del nivel secundario que asciende a un 50%, y solo un 25% de los adolescentes y jóvenes del quintil más pobre finaliza sus estudios secundarios, en comparación con el 75% del quintil más rico[1]. Según UNICEF, 1 de cada 3 adolescentes en edad escolar no están inscritos en la escuela secundaria, y 30 millones de jóvenes/adolescentes trabajan de forma informal y en condiciones difíciles. Esta situación se profundiza con población migrante y con discapacidad[2]. Entre éstos últimos, solo entre el 20% y el 30% asiste a la escuela.

La persistencia de resultados insatisfactorios a nivel educación en la región, y de la desigualdad en las Américas, nos llama a reflexionar no solo acerca de los resultados obtenidos de las prácticas y políticas implementadas hasta el momento sino también, y fundamentalmente, a revisar las modalidades de intervención y la medida en que éstas atienden de forma combinada o aislada los factores que inciden en el éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo está contribuyendo hoy la visión que tenemos de la educación, y el funcionamiento de los sistemas educativos, al objetivo de superar las desigualdades y generar sociedades más incluyentes? Pensar esto es fundamental para que la educación continúe valorizándose socialmente como una herramienta esencial para el desarrollo humano.

Es precisamente esto lo que la Organización de los Estados Americanos en cooperación con el Diálogo Interamericano y la CAF Banco de América Latina buscaron hacer a través de la «Guía Interamericana de Estrategias de Reducción de la Desigualdad,” un primer ejercicio teórico-práctico que busca contribuir con una mirada integral al campo de la educación, y resalta en su análisis la importancia de prestar atención a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y sus familias, y la necesidad de pensar la oferta pedagógica de forma integral, y adecuándola al capital cultural de los estudiantes y sus comunidades. Se trata de un trabajo exploratorio que busca arrojar luz sobre prácticas educativas que pueden compensar, o atacar en alguna medida la desigualdad “previa” de acceso a derechos de las personas. No se trata de un manual de recetas, porque como ya fue señalado, no se puede trasladar prácticas educativas que han tenido resultados positivos en determinados contextos, determinadas comunidades educativas, determinados marcos aspiracionales de los grupos de identidad en que están insertas esas personas y sus familias, etc…

El texto está organizado en cinco secciones, abordando variables como la desnutrición, origen socioeconómico, situación de discapacidad, o acceso a vivienda digna o servicios de salud, entre otras carencias importantes para el desarrollo educativo de niños y jóvenes que no siempre son analizadas de forma integral.

El Capítulo 1 de la Guía Interamericana se enfoca en el Desarrollo Infantil priorizando la discusión de porque es importante abordar la inequidad en la edad temprana. Tal como plantea el documento, la primera infancia es un período crítico para las intervenciones que buscan reducir la inequidad educativa y social y la pobreza en general ya estos primeros años de vida son determinantes para el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de los niños. Es en estos años donde se potencian o rezagan la formación de habilidades para la vida, que les ayudan a los niños a seguir aprendiendo a lo largo de sus vidas. Sobre la base de estudios empíricos (Naudeau, Kataoka, Valerio, Neuman, y Kennedy Elder, 2011), la Guía establece que factores como una mala alimentación, poco estímulo en el hogar, y/o falta de acceso a centros de cuidado o preescolares de calidad son causantes de que muchos niños no se desarrollen al nivel que deberían. El documento plantea estrategias para potenciar la formación de habilidades para la vida en la edad temprana, tales como los programas de visitas domiciliarias, el establecimiento de centros de cuidado infantil, y un mejor acceso y calidad en la educación inicial, entre otras.

La educación primaria es un período crítico de la oferta educativa. Mientras la edad temprana (0-5) años es la edad más importante para el desarrollo cerebral en los humanos, es en la educación primaria que se sientan las bases del conocimiento académico y se aprenden habilidades tan esenciales como leer, escribir, y usar matemáticas básicas, que son importantes para preparar a los niños para niveles de aprendizaje más avanzados y para la vida en general.

En el Capítulo 2 de la Guía Interamericana de Desigualdad Educativa se aborda la educación primaria obligatoria y gratuita como un derecho humano universal, lo que ha llevado a que, en las Américas, casi se ha logrado universalizar la asistencia a la educación primaria, con muchos países llegando a una tasa neta de matrícula en primaria cercana al 100%.

Esta sección de la Guía mapea los retos que persisten en el alcance de esta universalización de la educación primaria, y se plantea la situación diferenciada en acceso a la educación para particularmente poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como los niños indígenas, afrodescendientes y los niños con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo. La Guía reseña algunas de las estrategias utilizadas para fortalecer el aprendizaje en la educación primaria incluyendo el desarrollo de políticas de aprendizaje centrado en el estudiante, el énfasis en la lectura en grados iniciales, la educación inclusiva, y la educación intercultural bilingüe, entre otras.

El Capítulo 3 aborda la educación secundaria poniendo especial énfasis en la trayectoria educativa de los niños en situación de pobreza y vulnerabilidad. Este grupo desarrolla déficits de aprendizaje que causan que se atrasen académicamente, repitan uno o más años, y desarrollen actitudes negativas hacia la escuela. La complejidad de la adolescencia impone una serie de temas adicionales que retan las capacidades de los sistemas educativos en garantizar la calidad y pertinencia de la educación, así como la permanencia de estos jóvenes en el sistema educativo. Algunos de estos temas abordados en la Guía incluyen la situación de los que no ingresan a la escuela secundaria o la abandonan tempranamente por la necesidad de empezar a trabajar o cumplir con otras responsabilidades, incluyendo la situación de las mujeres jóvenes en situación de maternidad temprana, así como aquellas que tienen desde jovencitas responsabilidades asociadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Entonces, ¿cómo pueden los sistemas educativos transformar la secundaria para reducir la desigualdad, mejorando así las tasas de graduación y los niveles de aprendizaje de los jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad? Entre las estrategias mapeadas en este capítulo de la Guía se incluye el uso de las transferencias monetarias condicionadas, la implementación de programas de tutoría y acompañamiento, y de reinserción escolar, entre otros. La última sección del texto enumera las principales lecciones para la implementación de estrategias de reducción de la desigualdad educativa, es decir, recomendaciones concretas que pueden ser útiles en la planeación de estas acciones y de las políticas educativas orientadas a la equidad.

Esta contribución de la OEA, en coordinación con el Diálogo Interamericano y con apoyo de la CAF Banco de América Latina busca revertir, como ya fue señalado, ese adagio que dice que “si sabemos dónde vive una persona, si conocemos su código postal o su dirección, podríamos predecir su trayectoria educativa.” Este documento parte de la base de que la desigualdad en materia de acceso a derechos humanos básicos es una de las causas más importantes de la desigualdad educativa, y solo abordándolas de forma integral podremos empezar a tener los resultados que queremos para los niños y jóvenes de la región. Desde OEA, creemos que podemos contribuir a conectar acciones para que los derechos de carácter universal se expandan y se concreten en la región y para promover el reconocimiento del derecho a la igualdad y a la no discriminación. La educación es así una de las principales herramientas para lograrlo.

 

**Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA.

[1] UNESCO (2014). Situación Educativa de América Latina y el Caribe. El documento se accede a través de este enlace.

[2]UNICEF, “Hechos sobre Adolescencia y Jóvenes en América Latina y el Caribe”. Extraído de: http://www.unicef.org/lac/Fast_facts_SP%281%29.pdf. Visitado por última vez el 17 de noviembre de 2014.

Los altos índices de Gini en América Latina

Washington, D.C. – Durante una entrevista con Global Foundation for Democracy and Development, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, mencionó que el eslogan de su mandato, “más derechos para más gente,” “tiene que ver con lo que presenta la situación del continente… el continente más desigual del mundo.”

A lo que el Secretario Almagro se refiere es el alto nivel de desigualdad de ingreso y riqueza en América Latina. Los ricos en América Latina ganan una gran porción de todo el dinero, mientras que los pobres y la clase media reciben sólo un pequeño porcentaje del total del ingreso. La región es relativamente más rica que África Sub-sahariana o el Sur de Asia, pero la distribución del ingreso entre los ricos y los pobres de América Latina es menos equitativa.

Una manera de demostrar el nivel de desigualdad de ingreso en América Latina es a través del coeficiente de Gini, una medida estandarizada de distribución de salario dentro de una población. El coeficiente o índice de Gini es un número entre 0 y 1 calculado para ordenar la población por nivel de ingreso. Basado en la distribución de salario, el índice de Gini predice brechas de ingreso entre dos individuos en una población[1].

Un índice de Gini alto indica más desigualdad: un valor de 0 significa que todos tienen exactamente el mismo salario, mientras un 1 sugiere que un solo individuo recibe todo el dinero en un país.

En los países latinoamericanos el coeficiente de Gini es normalmente entre .4 y .5. En el 2015 el coeficiente de Gini de Brasil era .51. Para comparación, en Rusia, un país dónde viven algunos de los empresarios de petróleo más ricos del mundo, el índice de Gini es .38[2].

La Secretaria Executiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena Ibarra, dice que una razón por la cual la región tiene un coeficiente de Gini tan alto es por su sistema tributario, el cual está muy enfocado en impuestos de consumo e impacta desproporcionadamente a las clases bajas y medias. Bajas tasas de impuesto para las compañías multilaterales además de una alta evasión fiscal empeoran la situación, destaca la Secretaria[3].

Como el Secretario Almagro sugiere, otra razón para tanta desigualdad de salario es la disparidad de derechos en la región. Ciertos grupos, mujeres, niños, comunidades indígenas y campesinos, no tienen tanto acceso a educación y servicios de salud, por ejemplo.

Dando “más derechos para más gente” América Latina puede avanzar mucho en disminuir su alta desigualdad de salario y en reducir unos de los coeficientes de Gini más altos del mundo.

[1] Kenton, Will. “Gini Index” Investopedia. February 6, 2019. Retrieved from:  https://www.investopedia.com/terms/g/gini-index.asp

[2] Bárcena Ibarra, Alicia & Byanyima,Winnie. “Latin America is the world’s most unequal region. Here’s how to fix it.” The World Economic Forum. January 17, 2016. Retrieved from: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/inequality-is-getting-worse-in-latin-america-here-s-how-to-fix-it/

[3] “Gini index.” 2017. The World Bank. 2017. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2017&start=2017&view=map&year=2015

Observaciones electorales de la OEA pueden prevenir amenazas a la democracia del futuro

Por Geovanny Vicente Romero, Bloggero Invitado

En el 2018 América Latina se enfrentó a un alto número de crisis democráticas, entre ellas la represión violenta de manifestantes pacíficos por Daniel Ortega y la continuación del desastre humanitario en Venezuela.

En 2019 el mundo se enfrenta a cómo combatir estas situaciones. Una mezcla de sanciones y ayuda humanitaria es la solución tradicional. En el caso venezolano, los Estados Unidos, Canadá y otros países ya están presionando diplomáticamente el régimen de Maduro y han formalizado su apoyo al joven líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó1.

Sin embargo, se necesitan más soluciones a largo plazo que permitan también enfrentar las crisis del futuro. Esto implica el fortalecimiento de instituciones y normas democráticas, especialmente en países en donde la democracia ya está en riesgo, pero también en lugares cuya democracia ha sido tradicionalmente fuerte.

Una manera de lograr esto es a través de las misiones de observación electoral. Durante una entrevista con GFDD, el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gerardo de Icaza, destacó la utilidad de dichas iniciativas.

Las misiones de observación electoral, como las del DECO, previenen el fraude y garantizan elecciones libres y justas para ayudar a cumplir procesos electorales a nivel nacional o municipal. Contar votos y mantener centros de votación seguros y libres de corrupción son algunas de sus responsabilidades. Estas misiones independientes son particularmente importantes en países que todavía están en proceso de desarrollo y que no tienen la capacidad técnica de asegurar elecciones libres y justas.

Los países del hemisferio occidental cuentan con una de las organizaciones más prestigiosas de observación electoral: la OEA y su DECO. Durante su historia de más de cincuenta años, el cuerpo regional ha llevado a cabo más de 240 misiones exitosas en más de 27 países en toda la región. La organización es extremamente transparente, ofreciendo datos y reportes completos y fáciles de acceder para cada una de sus observaciones2.

Pero muchos países en América Latina y el Caribe no utilizan los servicios del DECO. Chile, Canadá y Argentina nunca han recibido a la organización en sus elecciones. En Venezuela, por ejemplo, no ha habido una misión del DECO desde el año 2006.

Reaccionar a desastres que atentan o debilitan la democracia es complicado; hay situaciones de alto riesgo que se complican y empeoran con el tiempo. Una opción mas simple y proactiva de prevenir las amenazas a la democracia es promover más misiones de observación electoral, como las de la OEA.

Con más observaciones electorales, América Latina y otros países del mundo pudieran tener menos crisis democráticas y humanitarias en los próximos años.

  1. Wyss, Jim & Camacho, Carlos. “Venezuela now has two presidents. How long will the uncertainty last?” Miami Herald. January 23, 2019. https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article224962020.html
  2. “Department of Electoral Cooperation and Observation.” OAS. 2019. http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-015/16

Igualdad de género: Asignatura pendiente en América Latina

Por Geovanny Vicente Romero, Bloggero Invitado

En cierta forma América Latina ha sido pionera en el liderazgo político de la mujer. Muchas de las primeras presidentas del mundo fueron elegidas en naciones latinoamericanas. En el 2014, cuatro mujeres ocuparon el cargo más alto de sus países: Michelle Bachelet en Chile; Dilma Rousseff en Brasil; Christina Fernández de Kirchner en Argentina y Laura Chinchilla en Costa Rica. Pero, como destacó la Embajadora y Representante Permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Rita Hernández Bolaños, la región todavía tiene mucho qué hacer para lograr la igualdad de género.

En parte por el liderazgo de mujeres valientes, muchos países latinoamericanos, empezando con Argentina en 1991, promulgaron leyes de cuotas de género en los años noventa y en la primera década del siglo 2000. Hoy la región posee unos de los porcentajes más altos en todo el mundo de mujeres en el congreso. En Cuba y en Bolivia la mayoría de los miembros del congreso son mujeres y en México, después de las recientes elecciones de 2018, casi un 50 por ciento de los legisladores son mujeres1. En los Estados Unidos, en comparación, solamente alrededor de un cuarto de todos los legisladores son mujeres2.

Sin embargo y a pesar de estos datos positivos, hay señales de que la región va en dirección contraria. Mientras que hace cinco años había cuatro jefas de estados, hoy no hay ninguna. En el 2018, la región eligió seis hombres como presidentes, y algunos de ellos, como el presidente conservador Jair Bolsonaro en Brasil, amenazan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

La cultura machista sigue siendo omnipresente. Adicionalmente, según el Banco Mundial, la mujer en América Latina no es representada suficientemente en la fuerza laboral y gana 16 por ciento menos que el hombre3. Además, la violencia contra la mujer es más alta en América Latina que en cualquier otro lugar en el mundo4.

Es importante destacar que la mujer desempeñó un rol muy importante en la promulgación de las leyes de cuotas que permitieron el alto número de miembros de congreso que hoy son mujeres en América Latina. Las legisladoras también han demostrado que apoyan más la legislación relacionada a los derechos de la mujer y la que combate la violencia de género y femicidios5. Por tanto, la región necesita más mujeres líderes para lograr una verdadera igualdad de género de manera sostenible.

  1. “Women in national parliaments,” Inter-Parliamentary Union. November 1, 2018. http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
  2. Desilver, Drew. “A record number of women will be serving in the new Congress,” Pew Research Center. December 18, 2018. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/18/record-number-women-in-congress/
  3. Tavares, Paula & Octaviano Canuto. “No women, no growth: The case for increasing women’s leadership in Latin America,” The World Bank. August 17, 2018. http://blogs.worldbank.org/latinamerica/no-women-no-growth-case-increasing-women-s-leadership-latin-america
  4. “From Commitment to Action: Policies to End Violence Against Women in Latin America and the Caribbean. United Nations Development Program. http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Empoderamiento%20de%20la%20Mujer/UNDP-RBLAC-ReportVCMEnglish.pdf
  5. “Latin America has embraced quotas for female political candidates,” The Economist. July 28, 2018. https://www.economist.com/the-americas/2018/07/28/latin-america-has-embraced-quotas-for-female-political-candidates

¿De qué tratan los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana?

Por Geovanny Vicente Romero, Bloggero Invitado

Hoy en día se comenta mucho sobre la Carta Democrática Interamericana, sobre todo el cómo ésta se relaciona a las crisis humanitarias y democráticas actuales en Venezuela y Nicaragua. En una entrevista con Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), Ana Rosa Valdivieso, Representante Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó la importancia de la Carta. También la Embajadora mencionó los artículos 20 y 21 del acuerdo, adoptado en 2001 en Lima.

Está claro que el documento es importante y que se relaciona a la democracia y los derechos humanos, pero ¿de qué exactamente tratan los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana?

Según documentos oficiales del sitio web oas.org, la Carta Democrática Interamericana es un documento internacional que tiene que ver con una lista de principios y normas que todos los firmantes deben seguir. El propósito del acuerdo es fortalecer las instituciones democráticas y los derechos humanos además de promover el desarrollo y disminuir la pobreza en toda la región1.

El documento contiene 28 artículos relacionados a las misiones de observación electoral de la OEA, el combate a la pobreza y a la democracia. Los artículos 20 y 21, mencionados específicamente por la Embajadora son de importancia particular. Estos artículos se relacionan al fortalecimiento y a la preservación de la institucionalidad democrática en la región.

El artículo 20 establece que: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático… el Consejo Permanente, según la situación, podrá́ disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

Si las gestiones diplomáticas realizadas bajo del artículo 20 no producen resultados adecuados, el artículo 21 puede ser impuesto, el cual dice que la OEA puede tomar “la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA”2.

Básicamente, los artículos 20 y 21 pueden ser la manera de castigar y luego suspender a quienes violen la Carta Democrática Interamericana. Es por esto que se habla tanto de los mismos cuando se analizan los casos de Venezuela y Nicaragua. En el 2017 el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sugirió que Venezuela pudiera ser suspendida de la OEA si las elecciones presidenciales no habrían sido libres y justas3. Por su parte, muy recientemente, el 11 de enero 2019, el Secretario Almagro les pidió a los Estados Miembros de la OEA que invocaran el artículo 20 de la Carta contra Nicaragua por abusos de los derechos humanos y principios democraticos4. Todavía no está claro si los Estados Miembros de la OEA acogerán la recomendación y suspenderán a Venezuela o a Nicaragua del organismo regional.

  1. “Décimo Aniversario de la Carta Democrática Interamericana”, OAS, 2019, http://www.oas.org/es/democratic-charter/
  2. “ Carta Democrática Interamericana”, OAS, 2001, http://www.oas.org/es/democratic-charter/pdf/demcharter_es.pdf#page=15
  3. Almagro, Luis. “How Venezuela Can Avoid Suspension From the O.A.S.,” March 24, 2017, https://www.nytimes.com/2017/03/24/opinion/how-venezuela-can-avoid-suspension-from-the-oas.html
  4. 4. Associated Press. “OAS Invokes Inter-American Democratic Charter on Nicaragua,” January 11, 2019, https://www.nytimes.com/aponline/2019/01/11/us/politics/ap-us-oas-nicaragua.html

#GobernarParaIncluir: Una agenda de inclusión de las Mujeres para las Democracias de la Región

Betilde Muñoz-Pogossian, PhD
Directora, Departamento de Inclusión Social
Organización de los Estados Americanos
Twitter: @BeticaMunozPogo

Una breve revisión de los avances en materia de inclusión a nivel regional permite sostener que, aunque existe un amplio consenso sobre el derecho al voto como derecho político básico, y como mecanismo para dispersar el poder como contrapeso a las desigualdades económicas, es decir, como instrumento para mediar las desigualdades, todavía existen retos importantes sobre la segunda faceta de ese derecho, a saber, el derecho a ser electo. Esto es especialmente así para las mujeres quienes con frecuencia no compiten con un piso mínimo de igualdad. En este sentido, las mismas asimetrías que se dan en el ámbito socioeconómico se replican en el ámbito de la competencia electoral, limitando significativamente la posibilidad de dispersar o redistribuir el poder político a nivel de puestos electos. Vale resaltar tres reflexiones fundamentales en este sentido:

  • De la selección de los candidatos: La selección de las candidaturas para presidente y para las listas electorales (para elecciones congresales, y elecciones sub-nacionales, entre otras) es una de las más importantes decisiones que toma un partido político, como órgano colegiado. Las reglas para la selección de estas autoridades, y estos liderazgos, tienen el potencial de fomentar mayor equidad e inclusión política. Esto se hace relevante dado el hecho de que los partidos políticos son ‘la puerta de entrada’ a los espacios donde se maneja el poder político. Doce de los 18 países de América Latina utilizan algún mecanismo institucionalizado para la selección de sus candidatos. Sin embargo, la práctica política muestra una brecha importante entre el grupo de activistas políticos que conforman la militancia de un partido y el grupo que termina siendo nominado a las listas. Un ejemplo que ilustra esta disparidad afecta directamente a las mujeres militantes de partidos. Según datos de IDEA Internacional, mientras que las mujeres constituyen en promedio 50% de la militancia de los partidos, apenas representan el 20% de las dirigencias y un mismo porcentaje en las listas a cargo de elección, esto a menos que existan mecanismos de discriminación positiva como las cuotas o las leyes de paridad.
  • Del reconocimiento de la necesidad de abrir oportunidades para la inclusión de mujeres: La existencia de cuotas revela otro consenso amplio, a saber, la necesidad de abrir espacios para la inclusión política de mujeres y de compensar los obstáculos producidos por otros tipos de desigualdades, incluida la socioeconómica. Entre 1991 y 2013, quince países de América Latina adoptaron y/o utilizaron cuotas[1] . Para 2018, el debate en algunos países ya pasó hacia la paridad. Seis países (Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua) han adoptado la paridad política para cargos públicos representativos nacionales[2]. Los riesgos de inequidades políticas se dan tanto a nivel de la oferta electoral y competencia por el poder, como en su ejercicio, siendo las mujeres y grupos vulnerables quienes experimentan condiciones distintas de acceso.
  • Del financiamiento de las campañas electorales: El sistema de financiamiento político, y de las campañas en particular, afecta la igualdad de oportunidades entre candidatos en una elección pues las asimetrías en el acceso a los recursos para las campañas determinan la equidad en el ejercicio del derecho de acceso al poder. En casos donde el acceso asimétrico es la regla, los candidatos no compiten en igualdad de condiciones. Las mujeres tienen menos acceso a los recursos necesarios para sus carreras políticas y sus campañas, y tienen menos acceso a las redes donde están esos recursos. Más aún, los partidos tienden a designar a más hombres para los cargos ganadores basándose en la expectativa de que ellos tienen más posibilidades de ganar que las mujeres candidatas[3], y les otorgan menos recursos también. De ahí la importancia de regular y reformar los sistemas de financiamiento a fin de generar mayor equidad en la competencia.

Hoy nadie duda que se ha avanzado mucho en las Américas en cuanto a la participación de las mujeres en la política. Pero este progreso aún no se traduce en representación equivalente en puestos directivos en los partidos o en los promedios de representación en los congresos que, regionalmente, oscila entre el 22 y 24%. El norte del trabajo debe continuar siendo garantizar la inclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones públicas. Esto ayuda no solo a garantizar sus derechos, sino que mejora la calidad de las decisiones que salen del sistema político, y mejora las democracias de la región.

* Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA.

[1] Argentina, México, Paraguay, Bolivia, Brasil. Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Honduras, Uruguay (2014), y El Salvador (2013).

[2] Archendi, Nélida y Maria Inés Tula. “Cambios Normativos y Equidad de Género: de las Cuotas a la Paridad en América Latina” en América Latina Hoy, 66, 2014, pp. 47-68.

[3] Ohman, Magnus (2018). Gender-Targeted public Funding for Political Parties. A Comparative Analysis. Stockholm: International IDEA.

Diplomacia disfrazada: La política de los deportes

Por Geovanny Vicente Romero, Bloggero Invitado

Los primeros Juegos Olímpicos se originaron en la antigua Grecia en 776ac uniendo atletas masculinos del oeste de Iberia (España) y la región del Mar Negro (Turquía) al este. Los juegos eran principalmente para honrar las creencias religiosas y a Zeus, el padre de los antiguos dioses griegos. Los Juegos Olímpicos de hoy unen a hombres y mujeres de todos los rincones del mundo, religiones y ámbitos de la vida. Los eventos deportivos mundiales se consideran un gran igualador y una muestra de los valores nacionales, el orgullo y el legado de las naciones. Países y regiones específicas cultivan pasatiempos nacionales como fútbol, cricket, levantamiento de pesas, artes marciales, etc.  Por otro lado, potencias mundiales como Estados Unidos, China y Rusia buscan el dominio imperial y la hegemonía en el campo de los deportes. Los eventos deportivos internacionales, como los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de la FIFA, ofrecen plataformas globales para que los países rivales se unan bajo condiciones sin precedentes que pueden mejorar las relaciones tensas, exponer las divisiones históricas o prever futuros conflictos.

Vale la pena recordar que los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, celebrados en la Alemania nazi bajo los auspicios de Adolf Hitler, sirvieron como un punto de inflexión clave para que el país golpeado  reconstruyera su imagen global después de la Primera Guerra Mundial en su ascenso al dominio global, generándose un terreno de criaderos de espías internacionales para recopilar inteligencia. Fue en estos Juegos Olímpicos que las teorías del Führer sobre la supremacía racial aria y las dimensiones que el país alcanzaría para lograr este objetivo quedaron al desnudo. Un periódico de Alemania declaró en los términos más enérgicos que los negros y los judíos serían prohibidos en los juegos. Aunque los atletas de Alemania ganaron la mayor cantidad de medallas ese año, el velocista negro estadounidense Jesse Owens dominó en atletismo. Curiosamente, los estadounidenses sacaron a sus atletas judíos de los juegos para no avergonzar al anfitrión Alemania. Tres años más tarde, en 1939, los acontecimientos en la Alemania nazi llevaron a la declaración de la Segunda Guerra Mundial.

Con el equilibrio del poder global cambiando en 2018, el mundo ha sido testigo de cómo la diplomacia deportiva toma el centro del escenario con la apertura histórica de las conversaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Los lanzamientos nucleares cada vez más belicosos de Corea del Norte estaban poniendo en peligro al mundo, creando una gran incertidumbre sobre la seguridad de los juegos de Corea del Sur. En última instancia, el deseo de Corea del Norte, Kim Jong-Un, de ser parte de los juegos fue mayor que su amenaza de destruirlos. A través de intensas conversaciones diplomáticas con China y Corea del Sur, la histórica distensión con su vecino, llevó a que Corea del Norte enviara 22 atletas a competir en cinco deportes, incluido un equipo conjunto de hockey femenino como Corea unificada. Desde los Juegos Olímpicos de febrero, las conversaciones con Estados Unidos y Corea del Norte se han intensificado y condujeron a la histórica Cumbre de Singapur, que por primera vez en la historia unió a un presidente estadounidense con su homólogo norcoreano.

Al igual que en la antigüedad, los Juegos Olímpicos fueron un foro para las discusiones políticas y también la causa de los conflictos políticos. Mientras que la FIFA tiene una política de prohibición de la política en la Copa del Mundo, ha habido quejas formales de política que interfiere con el juego Serbia-Suiza, y la intriga sobre el curioso papel que Chechenia ha jugado en la competencia de este año. Las divisiones restantes de la ex Yugoslavia se hicieron evidentes en el reciente partido de la Copa Mundial entre Serbia y Suiza. Dos de los principales jugadores de ascendencia albanesa vinculados a Kosovo, una antigua provincia serbia, que declaró su independencia en 2008, fueron multados con 10.000 francos suizos cada uno por la FIFA por hacer gestos con las manos del águila albanesa de dos cabezas durante el juego. Por su parte, el equipo serbio también recibió una multa de 54,000 francos suizos por sus fanáticos, pancartas discriminatorias, mensajes y conducta durante el juego. La apasionada historia de los Balcanes se jugó durante la Copa del Mundo de Rusia, y este incidente no fue el único roce con la política en el evento de 2018.

Echemos un vistazo más de cerca a los vínculos entre Chechenia y Egipto, que sugieren la construcción de puentes de Rusia entre los elementos musulmanes propios y el mundo islámico. El equipo nacional de fútbol de Egipto, dirigido por el delantero estrella del Liverpool, Mohamed Salah, se quedó en la República Soviética de Chechenia durante su participación en la Copa del Mundo. El líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, disfrutó de varias fotos públicas con Salah, e incluso le otorgó el título de ciudadano honorario de Chechenia. Esta politización barata de los deportes está pasando factura y Salah, con el fútbol egipcio silenciando rápidamente los rumores de que se retirará después de este evento. Si los rumores sobre el retiro de Salah resultan ser ciertos y están vinculados a este truco político barato, habrá un profundo resentimiento en la Calle Árabe, lo que podría afectar negativamente cualquier estrategia de Medio Oriente en la cual que Rusia haya sentado las bases con relación a  Chechenia.

Para los antiguos griegos, los eventos deportivos ofrecían la oportunidad de debatir sobre política mientras se deleitaban con la competencia atlética. Si bien los Juegos Olímpicos, las Copas Mundiales y otros deportes internacionales son oficialmente independientes de la política, la fuerte corriente histórica recorre todos y cada uno de estos lugares, ofreciendo la oportunidad de redención, venganza y revisión.

Geovanny Vicente Romero es un analista político, consultor internacional y profesor establecido en Washington D.C. Comentarista político en medios como BBC y FRANCE24. Es el fundador del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo RD (CPDL-RD). Sigue a Geovanny en Twitter @GeovannyVicentr.

La Agenda de Equidad en la región: Perspectivas y Propuestas desde la OEA

Por Geovanny Vicente, Bloggero Invitado
Betilde Muñoz–Pogossian: “L
a Inclusión Social es el proceso para alcanzar la Equidad, y el acceso pleno a los Derechos Humanos es la estrategia para lograrlo.”
El empoderamiento de las mujeres, la erradicación del hambre y la pobreza, la inclusión de las comunidades y personas en situación de vulnerabilidad a veces tratadas como ciudadanos de segunda categoría, de las personas afrodescendientes e indígenas que no tienen acceso equitativo a los servicios y beneficios, de la comunidad LGTBI y los derechos humanos en general donde quiera que estén siendo vulnerados, son precisamente los temas que ocupan la agenda de Betilde Muñoz-Pogossian y constituyen su gran pasión. En esta entrevista realizada en Washington DC, la Dra. Muñoz-Pogossian, Directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), nos explica los avances y principales desafíos de la agenda de equidad en las Américas:

¿Qué entendemos por equidad? ¿Cuáles son los temas clave en la agenda de equidad en las Américas?
Todos los seres humanos, desde la infancia, sabemos cómo se sienten las situaciones de inequidad; esas en las cuales, por razón de sexo, raza, edad, estatus migratorio, etnia, orientación o identidad sexual, una persona es privada de sus derechos, y su acceso a bienes o servicios en una sociedad. Todos somos iguales ante la ley, eso es una obligación básica de los estados democráticos. Pero la equidad es otra cosa. La equidad es consciente de las diferencias entre cada individuo, de las trayectorias de vida que con frecuencia impiden que todos tengamos las mismas oportunidades. Apunta a generar condiciones para nivelar el piso de forma que todos puedan efectivamente tener acceso a la educación, salud, vivienda, protección social, mercados de trabajo, a los beneficios del desarrollo a lo largo de todo el ciclo de la vida, y, en definitiva, a disfrutar de todos sus derechos humanos. En vista de que nuestra región continua siendo la más desigual del mundo, la Secretaría General de la OEA ha decidido priorizar los esfuerzos para fomentar la equidad y asegurar más derechos para más gente.

Además de la erradicación de la pobreza y pobreza extrema, la agenda de equidad regional debe estar enfocada en la inclusión social de poblaciones en situación de vulnerabilidad. El énfasis debe estar en promover y asegurar el goce de los derechos humanos de la niñez y la juventud, las personas afrodescendientes e indígenas, las personas LGTBI, las personas con discapacidad, y continuar moviendo la agenda de equidad entre mujeres y hombres, que es donde más avances hemos tenido, pero donde falta también mucho por hacer.

Este trabajo debe enfocarse, por un lado, en generar condiciones de real democracia donde todos estos colectivos pueden también, al igual que otros miembros de la sociedad, disfrutar de sus derechos civiles y políticos, a saber, elegir y ser electos, influir en los procesos de toma de decisiones de políticas públicas, incidir en la agenda de debate político, entre otras cosas. Por otro lado, la agenda regional de equidad debe profundizar y afinar las políticas públicas que se han venido encaminando para asegurar un goce igualitario de los beneficios del crecimiento y desarrollo. Pero también se requiere de un paso más en materia de derechos sociales. Se requiere voluntad política para efectivamente lograr una plena inclusión socio-productiva de estas poblaciones, y para asegurar que puedan gozar de una vida libre de discriminación. Esto al final tiene también todo que ver con la capacidad de ejercer derechos civiles y políticos. ¿Qué ser humano que tiene que proveer por sus necesidades básicas de alimentación, vivienda o salud puede efectivamente disputar por cargos en una elección o insertarse en el campo político?  La discusión sobre que priorizar es de cada país. El hecho es, sin embargo, que la existencia de inequidades socioeconómicas que se replican en asimetrías de poder en la esfera política tiene un impacto perjudicial para la estabilidad de las democracias y para los niveles de confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones políticas. Esto es algo que debe preocuparnos.

¿Cuál progreso habría que celebrar? ¿A cuál desafío habría que ponerle prioridad?
Uno de los logros más importantes en los últimos años ha sido el haber movido un poco la balanza en favor de la equidad de género. El derecho de las mujeres a votar es hoy la norma en todos los países de las Américas, y ​​los marcos legales también garantizan su derecho a ser electas. Según datos de CEPAL, el promedio de legisladoras nacionales aumentó de 9 por ciento a 25 por ciento entre 1990 y 2015, y prácticamente todos los países de nuestra región han adoptado alguna reforma legal para implementar la cuota o la paridad, algunos incluso ya han legislado por el financiamiento político dirigido a candidaturas femeninas. Esto se ha visto manifestado en mayores niveles de representación de mujeres en las legislaturas nacionales, mayor presencia en carteras ministeriales, y aunque en 2018 solo tendremos una mujer dirigiendo el destino de su país en Trinidad y Tobago, hemos ya tenido un número de mujeres como jefas de estado en países latinoamericanos.

El desafío pendiente al que debemos darle prioridad es en realidad una deuda histórica que tenemos los países de la región. En las Américas hay aproximadamente 200 millones de afrodescendientes y 50 millones de indígenas, estos millones de personas se encuentran entre los grupos en situación de mayor vulnerabilidad en el hemisferio. El 90% de estas poblaciones en los países de la región viven en pobreza y pobreza extrema, y en muchos casos no gozan de acceso universal a los servicios de salud, educación, vivienda, agua potable. A su vez, se perpetúa el fenómeno de la subrepresentación política en los puestos de toma de decisión, desde la oferta hasta el ejercicio del poder, y esto generalmente se traduce en la formulación de políticas públicas que no consideran la especificidad étnica de la población. Esto de nuevo afecta la representatividad de las decisiones que salen del sistema político, y la confianza en la democracia.

¿En qué ejes orienta la OEA su trabajo para promover la agenda de equidad en la región?
Desde la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, y el Departamento de Inclusión Social de la OEA, nos dedicamos a apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por atender el fenómeno de la desigualdad de manera integral, inclusiva y sostenible, tomando en cuenta lo establecido en la Carta de la OEA, la Carta Social de las Américas, la Carta Interamericana Democrática, el Protocolo de San Salvador y la diversidad de instrumentos interamericanos en materia de derechos. Desde la OEA, el trabajo para avanzar en materia de equidad se enfoca en tres líneas de acción:

  1. Apoyar esfuerzos de diálogo político intersectorial de alto nivel para potenciar las capacidades nacionales, tanto institucionales y humanas, así como fomentar el intercambio de lecciones y soluciones orientadas al desarrollo de estrategias y políticas públicas efectivas, que contribuyan al pleno ejercicio de todos los derechos humanos de los habitantes de la región.
  2. Impulsar y fortalecer estrategias eficaces de cooperación y generación de alianzas entre los países de la región con el objeto de promover la inclusión social, el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales para contribuir a la erradicación de la pobreza, en particular de la pobreza extrema, y revertir situaciones de desigualdad y discriminación, y finalmente,
  3. Acompañar a los países de la región en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los marcos normativos hemisféricos en materia de desarrollo, inclusión social y no discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad, para lograr la tutela efectiva de los derechos humanos.

Desde la OEA entendemos la equidad como el fin, la inclusión social como el proceso para alcanzarla, y el acceso pleno a los derechos humanos ya consagrados en los marcos jurídicos interamericanos como la estrategia para lograrlo.

Al finalizar esta conversación con la Dra. Betilde Munoz-Pogossian, es claro que, aunque falta mucho, ha habido importantes avances en nuestra región para garantizar más equidad.  También es claro que tenemos herramientas para hacerlo. Por medio de legislación, medidas administrativas y políticas publicas con perspectiva de derechos humanos, se pueden ir revirtiendo las situaciones de inequidad. El trabajo es sin duda monumental, y urgente porque estamos hablando de seres humanos con frecuencia en situaciones muy vulnerables, sin embargo, es trabajo que vale la pena hacer porque nos acerca a tener cada vez mejores democracias, y mejores sociedades.

(Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA).

Directora de Inclusión Social de la OEA
Twitter: @BeticaMunozPogo