Betilde Muñoz-Pogossian, PhD
Directora, Departamento de Inclusión Social
Organización de los Estados Americanos
Twitter: @BeticaMunozPogo
Una breve revisión de los avances en materia de inclusión a nivel regional permite sostener que, aunque existe un amplio consenso sobre el derecho al voto como derecho político básico, y como mecanismo para dispersar el poder como contrapeso a las desigualdades económicas, es decir, como instrumento para mediar las desigualdades, todavía existen retos importantes sobre la segunda faceta de ese derecho, a saber, el derecho a ser electo. Esto es especialmente así para las mujeres quienes con frecuencia no compiten con un piso mínimo de igualdad. En este sentido, las mismas asimetrías que se dan en el ámbito socioeconómico se replican en el ámbito de la competencia electoral, limitando significativamente la posibilidad de dispersar o redistribuir el poder político a nivel de puestos electos. Vale resaltar tres reflexiones fundamentales en este sentido:
- De la selección de los candidatos: La selección de las candidaturas para presidente y para las listas electorales (para elecciones congresales, y elecciones sub-nacionales, entre otras) es una de las más importantes decisiones que toma un partido político, como órgano colegiado. Las reglas para la selección de estas autoridades, y estos liderazgos, tienen el potencial de fomentar mayor equidad e inclusión política. Esto se hace relevante dado el hecho de que los partidos políticos son ‘la puerta de entrada’ a los espacios donde se maneja el poder político. Doce de los 18 países de América Latina utilizan algún mecanismo institucionalizado para la selección de sus candidatos. Sin embargo, la práctica política muestra una brecha importante entre el grupo de activistas políticos que conforman la militancia de un partido y el grupo que termina siendo nominado a las listas. Un ejemplo que ilustra esta disparidad afecta directamente a las mujeres militantes de partidos. Según datos de IDEA Internacional, mientras que las mujeres constituyen en promedio 50% de la militancia de los partidos, apenas representan el 20% de las dirigencias y un mismo porcentaje en las listas a cargo de elección, esto a menos que existan mecanismos de discriminación positiva como las cuotas o las leyes de paridad.
- Del reconocimiento de la necesidad de abrir oportunidades para la inclusión de mujeres: La existencia de cuotas revela otro consenso amplio, a saber, la necesidad de abrir espacios para la inclusión política de mujeres y de compensar los obstáculos producidos por otros tipos de desigualdades, incluida la socioeconómica. Entre 1991 y 2013, quince países de América Latina adoptaron y/o utilizaron cuotas[1] . Para 2018, el debate en algunos países ya pasó hacia la paridad. Seis países (Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua) han adoptado la paridad política para cargos públicos representativos nacionales[2]. Los riesgos de inequidades políticas se dan tanto a nivel de la oferta electoral y competencia por el poder, como en su ejercicio, siendo las mujeres y grupos vulnerables quienes experimentan condiciones distintas de acceso.
- Del financiamiento de las campañas electorales: El sistema de financiamiento político, y de las campañas en particular, afecta la igualdad de oportunidades entre candidatos en una elección pues las asimetrías en el acceso a los recursos para las campañas determinan la equidad en el ejercicio del derecho de acceso al poder. En casos donde el acceso asimétrico es la regla, los candidatos no compiten en igualdad de condiciones. Las mujeres tienen menos acceso a los recursos necesarios para sus carreras políticas y sus campañas, y tienen menos acceso a las redes donde están esos recursos. Más aún, los partidos tienden a designar a más hombres para los cargos ganadores basándose en la expectativa de que ellos tienen más posibilidades de ganar que las mujeres candidatas[3], y les otorgan menos recursos también. De ahí la importancia de regular y reformar los sistemas de financiamiento a fin de generar mayor equidad en la competencia.
Hoy nadie duda que se ha avanzado mucho en las Américas en cuanto a la participación de las mujeres en la política. Pero este progreso aún no se traduce en representación equivalente en puestos directivos en los partidos o en los promedios de representación en los congresos que, regionalmente, oscila entre el 22 y 24%. El norte del trabajo debe continuar siendo garantizar la inclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones públicas. Esto ayuda no solo a garantizar sus derechos, sino que mejora la calidad de las decisiones que salen del sistema político, y mejora las democracias de la región.
* Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA.
[1] Argentina, México, Paraguay, Bolivia, Brasil. Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Honduras, Uruguay (2014), y El Salvador (2013).
[2] Archendi, Nélida y Maria Inés Tula. “Cambios Normativos y Equidad de Género: de las Cuotas a la Paridad en América Latina” en América Latina Hoy, 66, 2014, pp. 47-68.
[3] Ohman, Magnus (2018). Gender-Targeted public Funding for Political Parties. A Comparative Analysis. Stockholm: International IDEA.
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