Yomayra Martinó J. Soto, bloguera invitada de GRT y Coordinadora General del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana, explica el creciente papel de la legislación ambiental en el marco del desarrollo sostenible de la República Dominicana.
El Derecho Ambiental como rama especializada del Derecho, que busca normar la preservación, uso y gestión de los recursos naturales, así como los posibles conflictos que pudieran derivarse de estas actividades, se ha convertido en un área de especialización altamente solicitada a nivel mundial. Y es que no sólo la ocurrencia de desastres humanos, como los derrames de hidrocarburos en cuerpos hídricos, o las consecuencias de desastres naturales como los huracanes o terremotos son los escenarios donde se requiere abogados especializados en esta materia. Estos son simplemente escenarios de remediación ¨ex post¨ o a posteriori, que dramatizan sin lugar a dudas la necesidad de conocedores de las leyes que aplican para remediar estos casos.
Sin embargo el campo de ejercicio en esta área no se limita a solicitudes de remediación por daño ambiental, a la determinación de la responsabilidad o a lograr compensaciones económicas sino que también existe un nicho de mercado para la asesoría preventiva, para el acompañamiento en la planificación estratégica de empresas, organismos multilaterales y hasta de los gobiernos. Asimismo para la incorporación de la visión de derecho ambiental en políticas de producción más limpia, responsabilidad social empresarial y hasta dentro de las estructuras de gobierno corporativo identificando riesgos potenciales vinculados al tema ambiental.
La República Dominicana no está ajena a esta realidad, de hecho es uno de los países pioneros en materia de regulación ambiental considerando sus principios constitucionales relacionados con la conservación ambiental, el desarrollo sostenible y la necesidad de planificación y ordenamiento territorial fundamentado en la adaptación al cambio climático. Así como considerando otros instrumentos jurídicos, tales como la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Régimen de Energías Renovables, la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (No. 64-00), hasta las políticas públicas sectoriales como las relacionadas a los recursos hídricos, forestales, minería, procesos industriales, entre otros.
La normativa ambiental dominicana antes citada incorpora postulados de avanzada como la promoción de la investigación, la tecnología y la innovación para favorecer el ¨desarrollo sostenible¨. Otro precepto Constitucional vinculado al sector ambiental, es el incentivo al uso de ¨energías alternativas no contaminantes¨. Esto sólo por mencionar algunos de los preceptos legales relacionados a la preservación, gestión y vigilancia ambiental que nos posicionan dentro de los pocos países que en su incorporan la sostenibilidad ambiental de manera transversal en sus lineamientos de desarrollo.
Particularmente la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 de República Dominicana, convertida en Ley Orgánica 1-2012 el 26 de enero de 2012, establece en su 4to Eje la necesidad de transformarnos en una sociedad de producción y consumo sostenible y adaptable al cambio climático, al disponer que debemos, para 2030, vernos como y cito: “una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático”.
En este sentido tanto el sector privado con su obligación de cumplimiento con la normativa ambiental nacional, y en algunos casos también con sus programas de responsabilidad social empresarial que contemplen el aporte a la preservación ambiental, requieren de profesionales capacitados en la comprensión y aplicación de la regulación nacional e internacional que rige esta materia. Asimismo el sector público está llamado al cumplimiento y monitoreo de estos principios y normativas, no sólo desde el Ministerio de Medio Ambiente, sino en otras carteras gubernamentales que tienen incidencia en el uso y gestión de los recursos naturales, tales como el Ministerio de Económica, Planificación y Desarrollo; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Turismo, entre otros. Estos sectores demandan cada día más, abogados/as con este ¨expertise¨ para la implementación de sus programas de trabajo alineados al cumplimiento de estas disposiciones.
Del aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo económico de los países, es muy común que surjan conflictos entre las empresas, la comunidad y/o el Estado, de manera que entendidos en el manejo de problemáticas ambientales deben acudir al auxilio de cada una de las partes y representar sus intereses conforme lo disponga a la regulación que se trate.
Fuera de la existencia de algún conflicto o litis en el desarrollo de proyectos, públicos y/o privados, existe un nicho de mercado para el monitoreo, auditorias y rendición de cuenta, del cumplimiento que se esté haciendo de las autorizaciones ambientales obtenidas y de las leyes y/o normativas técnicas del sector productivo de que se trate ya sea energía, minería, turismo, transporte, agricultura, y otros anteriormente citados.
Asimismo a nivel Internacional los organismos de asistencia técnica, de financiamiento y cooperación en general requieren que en cada país donde tienen incidencia, existan profesionales capaces de suplir sus demandas de servicios en el área ambiental, tal es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, así como otros foros regionales de integración y/o cooperación bajo los acuerdos que somos signatarios como por ejemplo el DR-CAFTA.
Sin lugar a dudas el Derecho Ambiental pasará de ser un rama del Derecho poco explorada, a ser un pilar dentro del ejercicio profesional de nuestros tiempos, y prioritario para lograr la transición hacia un modelo económico y de desarrollo eficiente, armonizado con nuestra realidad ambiental y garantista del disfrute de los derechos fundamentales que gozamos hoy a las generaciones futuras.
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