Blogger invitado: Diuris Betances, investigadora de la Unidad de Sociedad Civil del Observatorio Político Dominicano (OPD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).
La discriminación contra la mujer es un problema social que debe ser analizado en proporción de los factores de inequidad económica, social, política y cultural que operan en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, los que tienen una correlación con la desigualdad de recursos en el ámbito privado y en la esfera pública. Es por este motivo que el análisis de la discriminación contra la mujer es indivisible a los ámbitos de la vida política en que esta se desenvuelve. El estudio muestra a la mujer dominicana desde cuatro espacios cruciales: educación, mercado laboral, participación política y la violencia con su manifestación extrema, los feminicidios.
El artículo realiza un recorrido de los aspectos históricos que sustentan el marco legal que contiene las leyes, códigos, tratados y convenciones internacionales que proporcionan a la mujer dominicana condiciones igualitarias a través de acciones gubernamentales y la sociedad civil.
En los espacios educativos, la República Dominicana, se rige por la Ley 66-97, que indica una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades. En virtud de esto, los esfuerzos dan como resultado que a pesar de que en 2002, el Índice de Paridad de Género (IPG), en el nivel primario había logrado la meta de 1, para los años siguientes entre 2003-2011 esta relación se deterioró, descendiendo ligeramente por debajo de la meta. Indicando que por cada 100 niños varones matriculados en el nivel básico había un promedio de 96 niñas. Sin embargo, para el nivel secundario el país tiene un IPG por encima de la meta del milenio. Mientras que en educación superior, la diferencia a favor de las mujeres es mucho mayor. Las cifras muestran que, a pesar de los retrocesos en el nivel primario, el país cumplirá la 3ra meta de los Objetivos del Milenio para el año 2015.
En cuanto a la participación en el mercado laboral, la mujer dominicana aún tiene dificultad para igualar su condición con los hombres, teniendo cifras de 42% en la tasa de intervención, a diferencia del 68% de los hombres. Esto significa que el mayor nivel educativo logrado por las mujeres no se ha traducido en un acceso a más y mejores empleos. Y es que, a pesar de que las mujeres han avanzado hacia la paridad con relación a los hombres en el ámbito educativo, las brechas en los niveles de ocupación se mantienen en perjuicio de las mujeres. De acuerdo a los datos de Naciones Unidas en 2013, este nivel de participación femenina en la fuerza laboral es inferior al promedio de 44 % estimado en 2011, para América Latina y el Caribe.
En tanto, la participación de la mujer en los espacios decisión política ha aumentado en los últimos años. Es asi, como en el apego a lo indicado por las leyes nacionales, asi como los tratados internacionales la promulgación de la Ley núm. 275-97[1], trajo consigo que por primera vez, los partidos políticos otorguen un porcentaje de sus candidaturas a mujeres. La ley definió un mínimo de 25 % de los candidatos a cargos electivos de los partidos debía ser de sexo femenino. Posteriormente, el 30 de marzo de 2000, esta ley fue modificada por la Ley No. 12-00, incrementando el porcentaje a 33.33 %. De igual manera, la Ley No. 13-00, estipuló que los partidos deberían incluir al menos una mujer en las candidaturas a síndico o a las de vicesíndico de cada municipio. Esto indica que cuando un partido presentare un candidato a síndico, debía presentar una candidata a vicesíndico y viceversa.
En tal sentido, actualmente, existen 4 ministras de 22 ministerios existentes. En el Congreso Nacional hay 39 diputadas de 190 totales y 4 senadoras de 32 senadurías. Asi, en las gobernaciones locales existen en la actualidad 15 sindicas, 382 regidoras. Estos datos evidencian la pobre representación de las mujeres en estos espacios, a pesar de los avances legislativos en materia de igualdad.
En el país existen estadísticas que muestran un elevado número de víctimas cada año. Empero, hay que destacar el esfuerzo realizado por organizaciones de la sociedad civil y el Estado en reducir el número de feminicidios en el país. Desde diferentes instancias se busca sensibilizar y librar una lucha en contra de todo tipo de violencia contra la mujer, como resultado de un trabajo continuo que incluye educación preventiva, campañas publicitarias, asistencia puntual y programas de prevención en las comunidades.
Es importante fortalecer las acciones interinstitucionales para determinar los indicadores necesarios para medir, al momento de levantar datos de la violencia y los feminicidios. La falta de homogeneidad de los datos, asi como la inconsistencia en la cuantificación de las variables constituyen una limitante para analizar la dimensión de la problemática de la violencia en el país.
La participación política de la mujer en los estamentos gubernamentales fortalece el Estado de derecho pertinente para la calidad de la democracia. El espacio ocupado en la toma de decisiones de poder representa un paso de avance hacia la equidad del género. En tal sentido, los grupos de mujeres, las organizaciones feministas y de derechos humanos tienen por delante un rol primordial en la elaboración e implementación de iniciativas que contribuyan a la erradicación de los problemas que quedan pendientes de resolver.
Mientras, el Estado se enfrenta a un gran desafío que implica el diseño de políticas efectivas que favorezcan la eliminación de actitudes que reproducen patrones de discriminación y de violencia contra la mujer. No obstante, es importante tomar en cuenta el imaginario cultural para la elaboración de los planes y proyectos para lograr las transformaciones necesarias para eliminar la cultura machista y patriarcal predominante en el país.
Para obtener más información, visite http://www.globalfoundationdd.org/fulltext.asp?t=a&id=9009
affairsblogesp.wordpress.com 